NOM-004-ASEA-2017

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2024758
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: XVII.2o.5 A (11a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo VII, página 6331
Tipo: Aislada

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-ASEA-2017. AL NO CONTENER LA TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL DE LOS DOCUMENTOS EXTRANJEROS MENCIONADOS EN SU NUMERAL “3. REFERENCIAS”, VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD JURÍDICA.

Hechos: La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra la Norma Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-2017, Sistemas de recuperación de vapores de gasolinas para el control de emisiones en estaciones de servicio para expendio al público de gasolinas-Métodos de prueba para determinar la eficiencia, mantenimiento y los parámetros para la operación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 2018. El Juez de Distrito declaró su inconstitucionalidad, por la omisión de traducir los documentos extranjeros mencionados en el numeral “3. Referencias”. Inconforme, la autoridad responsable que emitió la norma reclamada interpuso recurso de revisión.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la Norma Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-2017 es inconstitucional, por violar el derecho fundamental a la seguridad jurídica, al no contener la traducción al idioma español de los documentos que refiere en su numeral “3. Referencias”.

Justificación: Lo anterior, porque los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la Constitución General prevén el derecho fundamental a la seguridad jurídica, cuyo contenido esencial radica en que las personas “sepan a qué atenerse” respecto de las normas jurídicas y el actuar de las autoridades. Una manifestación de ese derecho es la participación en idioma español de quienes intervienen en procesos judiciales o procedimientos administrativos, dada la eventualidad de que desconozcan un idioma diferente al que normalmente se utiliza en la cultura mexicana, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los precedentes que dieron origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 148/2016 (10a.), de título y subtítulo: “CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2015, VIOLA LOS DERECHOS A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA.”. Sobre esa base, el artículo 271, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que las actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en lengua española; código que es supletorio de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, acorde con su artículo 2, la cual lo es respecto de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, según su precepto 4o. Este último ordenamiento, a su vez, faculta a dicha agencia para emitir normas oficiales mexicanas en las materias de su competencia, conforme a su artículo 5o., fracción IV; por tanto, debe ejercer esa atribución en idioma español. En la misma línea, el artículo 28, fracción IV, párrafos segundo y tercero, del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece, por regla general, que para que una norma oficial mexicana pueda hacer referencia a normas, lineamientos o regulaciones técnicas internacionales o extranjeras, se debe traducir su contenido. Por excepción, se puede prescindir de la traducción cuando se reúnan los requisitos siguientes: i) que se trate de normas oficiales mexicanas de emergencia, ii) que la norma, lineamiento o regulación técnica sea reconocida como práctica internacional por la industria, sector o subsector al que se dirija y iii) que por la naturaleza de éstos o su nivel de especialización, los destinatarios puedan entenderlas en su idioma original. Ahora, la Norma Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-2017 establece en su numeral “3. Referencias” que los documentos que ahí enlista son indispensables para su aplicación, los cuales (excepto uno) llevan por título alguna denominación en idioma inglés y cuyas siglas CARB y US EPA hacen referencia a entidades de Estados Unidos de América, según su numeral “4. Definiciones”. Sin embargo, no se observa la traducción de su contenido ni la remisión a algún medio de difusión para su consulta en idioma español; cuestión que es relevante, en la medida en que tales documentos son necesarios para llevar a cabo las pruebas previstas en la “Tabla 1. Secuencia de pruebas”, mismas que deben efectuarse en la prueba del prototipo, la prueba inicial, las pruebas periódicas y en el procedimiento de evaluación de la conformidad del sistema de recuperación de vapores de gasolinas que ordena implementar. Además, no se trata de una norma oficial mexicana de emergencia. Por lo tanto, la omisión de traducir el contenido de los documentos extranjeros mencionados en el numeral “3. Referencias” viola el derecho fundamental a la seguridad jurídica.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 330/2019. 21 de abril de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Guillermo Castillo Sotomayor.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 148/2016 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, Tomo I, octubre de 2016, página 699, con número de registro digital: 2012921.
Esta tesis se publicó el viernes 03 de junio de 2022 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación.